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15 de marzo de 2019

15 PERSONAS HAN SIDO VÍCTIMAS DEL TRÁFICO DE PERSONAS EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA

La Mesa Regional Intersectorial de Trata de Personas del Gobierno Regional de Antofagasta junto a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), realizó el taller “Estrategias de Protección para Personas en Situación de Movilidad” instancia en la cual se abordaron estrategias de prevención, asistencia a las víctimas y fortalecimiento institucional.

Según el informe de Protocolo Intersectorial de Atención a Víctimas de Trata de Personas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre los años 2013 y 2018, 15 personas de la Región de Antofagasta, dos de ellas hombres, fueron víctimas de este delito. Destacan dentro de estas, seis de nacionalidad colombiana, tres ecuatorianas, dos bolivianas, dos de Paraguay, una chilena y una venezolana. Del total de las víctimas, cinco fueron por trabajos o servicios forzados; siete por explotación sexual y tres por servidumbre o esclavitud.

VENEZOLANA EN CALAMA

Justamente es este último caso, el más reciente ocurrido a fines del año pasado en Calama, donde una mujer proveniente de Venezuela traída a Chile por parte de familiares políticos, fue víctima de la trata de personas, donde la finalidad del tratante que la trajo, era la explotación sexual, sin embargo no se alcanzó a concretar, porque la víctima acudió a pedir ayuda antes que ocurriera eso. Así lo dio a conocer Loreto Puentes, Coordinadora (s) Centro Atención a Víctimas Subsecretaría Prevención del Delito “ella llegó al país para desempeñarse en el rubro de la belleza, y el tratante, quien le había dado el dinero para comprar los pasajes y venir al país, le multiplicó la deuda. Inicialmente le debía una cantidad para luego comenzar a cobrarle seis o siete veces más lo adeudado, luego él comenzó a amenazarla, instándola a ejercer el comercio sexual. Ante ello la mujer realizó la denuncia en la que buscaba apoyo para salir de esa situación y tratar de obtener alguna medida de protección. Posteriormente se le ayudó a regularizar su situación migratoria a través del 33 bis destinada para víctimas de trata de personas y se le entregó una solución de vivienda, ayudada por el Ministerio Público de Calama”.

El Encargado de la Oficina OIM en Antofagasta, Víctor Flores, explicó que “la OIM, en el marco del Plan Regional que está realizando junto con otras agencias de Naciones Unidas para fortalecer la respuesta de los estados en esta materia, está desarrollando este ciclo de talleres con especialistas y autoridades regionales, dirigido al sector público, privado, sociedad civil y dirigentes migrantes para contar con herramientas que permitan prevenir, detectar oportunamente y contribuir a la sanción de este delito que es la trata de personas. Las fiscalizaciones que está realizando el gobierno, a través de las facultades con las que cuentan, también contribuyen a prevenir y sancionar estos casos. Esto no se trata de que tengamos una gran o poca cantidad; todos los casos ya son un drama porque estamos hablando que seres humanos se transforman en mercancía y por lo mismo, teniendo presente que hay un flujo migratorio importante que está creciendo, tenemos que estar atentos y necesitamos capacitarnos”.

FISCALIZACIONES

La Gobernadora de la Provincia de Antofagasta, Katherine López, enfatizó el trabajo realizado en los operativos de fiscalización que se desarrollan semanalmente y que se realizan con las policías y diversos servicios públicos fiscalizadores, y en el cual cada uno de ellos, cumple una función específica que también sirve para detectar algún indicio de tráfico de personas. “Junto a Carabineros, PDI, Seremi de Salud y Dirección del Trabajo, constantemente estamos fijándonos en detalles que pueden ser cruciales y que nos puedan dar algún tipo de indicio sobre esta situación a la cual ya sabemos cómo reaccionar, cuales son las primeras diligencias y sobre todo brindar el apoyo necesario a la víctima que ha sido objeto de este delito. Hasta el momento no hemos detectado a menores de edad ni tampoco a mujeres que sean víctimas de explotación sexual o laboral, por lo tanto, nosotros seguimos dentro de esta mesa regional de trata de personas, capacitando, no sólo a las jefaturas, sino que también a los funcionarios que ejercen en la parte operativa. Hay detalles tan pequeños, como por ejemplo, que al momento de hacer algún tipo de control migratorio con la PDI, la persona a la cual se le está solicitando los documentos sean ellos quienes lo exhiban y no su empleador”.

SITUACIÓN LATINOAMERICANA

Para la especialista Regional Senior en Asistencia y Protección a Migrantes de la Oficina Regional de la OIM para América del Sur, Agueda Marín, la situación en Latinoamérica es de preocupación, debido a que este delito no es detectado fácilmente. “Desafortunadamente en todos los países latinoamericanos hay presencia de redes delictivas de trata, de hecho en la mayoría de los países del mundo, datos duros no tenemos, porque es un delito totalmente clandestino y los tratantes precisamente tienen formas de operar para ocultar dichos números. Lo que sí sabemos, es que aproximadamente, de cada caso detectado en el mundo; hay 25 que no son detectados. En Latinoamérica en el año 2016 tuvimos 8.250 casos. Son muchos y si fueran menos, no sería menos preocupante, porque no importa el número, el problema de la trata es que la trata, es una de las formas más nefastas de vulneración de derechos, es la culminación de muchos abusos a las personas que han sido sujetas y por lo tanto, aún tenemos que hacer más detección y eso nos corresponde a todos. Si algo extraño está sucediendo en mi comunidad, si están ofreciendo algo o si sabemos que a una vecina le llegó por internet una oferta muy buena, siempre es bueno cuestionar”.

Cabe destacar que todas estas iniciativas se enmarcan en el Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP) para el fortalecimiento de la respuesta a los flujos migratorios y cuentan con el apoyo financiero de La Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM por su sigla en inglés), perteneciente al Departamento de Estado de los EE.UU.