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11 de agosto de 2017

Gobierno impulsa plan para fortalecer y regular la seguridad de lugares en donde pernoctan personas en situación de calle

Con el objetivo de articular la institucionalidad pública para abordar integralmente el fenómeno de las personas que viven situación de calle, el Gobierno Regional anunció la creación de un plan especial que busque reforzar la seguridad y el orden en lugares públicos, como también regular la pernoctación de personas en situación de calle en bienes nacionales de uso público.

 

El anuncio hecho por la gobernadora provincial de Antofagasta, Fabiola Rivero; la seremi de Desarrollo Social, Loreto Nogales; y el coordinador regional de la Subsecretaria de Prevención del Delito, Ronnie Muñoz impulsarán además el trabajo en conjunto con el resto de las instituciones que velan por esta situación, tal como la Municipalidad de Antofagasta y la sociedad civil, a través de ONGs o vecinos.

Acerca de esta situación de las personas en situación de calle, la seremi de Desarrollo Social, Loreto Nogales, a cargo del Programa Calle manifestó que “es un problema multifactorial, no obedece solamente a una situación en particular y del mismo modo no podemos entrar en la pre concepción de decir que todas las personas en situación de calle son delincuentes. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo, tenemos que involucrar no sólo al Gobierno Regional y gobiernos locales en este caso el municipio de Antofagasta”. Por ello, la autoridad regional agregó que “le he solicitado una reunión a la alcaldesa de Antofagasta para que abordemos en conjunto este trabajo y podamos ir resolviendo problemáticas en este sentido”.

Con respecto a fortalecer la institucionalidad vigente, el coordinador regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Ronnie Muñoz, añadió que otro de los objetivos de este plan “es trabajar en una ordenanza desde el punto de vista técnico en el Consejo Comunal de Seguridad Pública, instancia creada al alero de la Ley 20.965. Esto significa que el consejo podrá pronunciarse técnicamente respecto a temas de control o bien de convivencia social en la misma comuna. Es necesario que en los bienes nacionales de uso público existan algunas ordenanzas que regulen la pernoctación en lugares y  control en estas materias, ya que complementan otros instrumentos que existen actualmente como la resolución del 2014 que dictó la Gobernación de Antofagasta que tienen como objetivo el control en estas materias.”

Por su parte, la gobernadora Fabiola Rivero enfatizó en la importancia de coordinar distintas instituciones públicas en materias de seguridad. “Debemos vincular los programas que lidera la seremi de Desarrollo Social, los denominados programas Calle -que ejecuta en nuestra región el Hogar de Cristo con la Fundación Tabor-, junto con el trabajo que la alcaldesa pretende hacer en materia de normas dentro de la comuna. Nuestra ciudad efectivamente tiene bastante pocas ordenanzas y siempre es importante la mirada técnica que pueda dar la seremía de Desarrollo Social sobre esta problemática. Por otro lado, la existencia clara de nuestro consejo comunal de seguridad que es un instrumento de gestión que se utiliza para trabajar, entre otros estos temas, que son de contingencia pero que también son de necesidad”.

Rivero, recordó que en mayo pasado fue promulgada la ley de Agenda Corta Contra la Delincuencia, “la que fortalece el rol preventivo de Carabineros de Chile y la PDI, por lo tanto hoy en día los controles de identidad se realizan. Sin embargo la conversación de las autoridades políticas con las policiales debe ir en ser más exhaustivos en los controles, pero también en evaluar en conjunto algunas acciones como por ejemplo la posición que tiene retén móvil ubicado en el bandejón central de avenida Balmaceda, para que tenga un cariz distinto, hoy en día enfocado en delitos contra la propiedad, pero que además tenga una presencia proactiva y social (comunitaria) en la intersección donde hubo este repudiable asesinato”.

La Gobernadora Provincial, recordó que “el 2014 dictamos una resolución que fue la que en definitiva zanjó los inconvenientes que tenían la municipalidad, policías y Armada para salir a hacer procedimientos y operativos de desalojo. Se debe comprender que el personal de los servicios públicos  es mucho menos que el personal de otras reparticiones públicas por lo tanto la construcción de este instrumento jurídico vino a solucionar problemas de recursos humanos”.